Autor: Genaro Cruz Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la especialidad en Derecho Constitucional de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Democracia en tiempos electorales que se encuentra inmerso el Estado mexicano, adquiere mayor envergadura, dado que se convierte en estandarte de candidatos/as al cargo de elección popular, sobre todo de los presidenciales; empero que hablar de democracia no se debe circunscribir al aspecto procedimental de las reglas de juego en la elección de los detentadores formales del poder, sino antes, al contrario, debe de procurarse en todos los procesos del poder, desde el origen, ejercicio y sus fines. Dadas estas consideraciones es insoslayable diferenciar dos categorías relativas a la legitimidad y legalidad; términos que no son equivalentes para la Ciencia Constitucional y para Teoría Política.
La esencia de la Democracia es la legitimidad del ejercicio controlado del poder, la confianza depositada a los detentadores formales del poder; en las democracias modernas consolidadas está cimentado en el nivel de aceptación del gobierno en turno, legitimada en gran medida por el método de elección de los gobernantes, como las elecciones por mayoría absoluta de votos a segunda vuelta de ser necesario. Mientras, en nuestro país carecemos de legitimidad, toda vez que la mecánica de elección es por Mayoría Relativa sin tomar en cuenta el nivel de aceptación del gobierno en turno, que en gran medida son elegidos, por el treinta o treinta y cinco por ciento, en tanto para el resto de los electores no coinciden con el programa de gobierno.
Por lo tanto, la legalidad es el respeto irrestricto de las normas jurídicas relativos al derecho electoral, sistema de partidos políticos y de elección que no siempre significa que exista legitimidad, ni a mayor reglamentación representa aumento del mismo; es decir, legitimidad es de naturaleza política esencia de la democracia, mientras que la legalidad es de naturaleza jurídica que ambos se complementan para fortalecer el Estado Constitucional de Derecho, pero que no debe confundirse ni considerarse equivalentes.
Por lo que en este Proceso Electoral 2017-2018, es oportuno reflexionar por el cambio de fuerza política que se puede gestar, y prestar atención a las propuestas, sobre todo al modo y forma de consecución de las finalidades o propuestas que trae cada candidato/a para la Presidencia de la República. Por ende la mecánica no solo consiste en promesas, sino proponer el aparato institucional que facilitaría la concreción de los proyectos; de lo contrario incurríamos en el mismo error del año 2000, que juristas y especialistas proclamaban un avance a la Democracia y otros un retroceso a la a la misma. Lo cierto fue un “cambio dentro del sistema político sin cambiar nada alguno”. En esa tesitura, el Estado mexicano debe estar atento a las propuestas de democracia semidirecta, y control de la legitimidad en el origen, ejercicio y sus fines, con su respectiva estructura, como el referéndum, plebiscito, responsabilidad del servidor público y control de la constitucionalidad; a su vez, que las políticas públicas verdaderamente se reflejen en el nivel de vida socioeconómico del pueblo mexicano, para estar en condiciones de una democracia social de derecho, principios e ideales de los constituyentes de 1917.