Autor: Dante Patiño Carapia
ABOGADO
México país democrático. Una idea que a primera instancia pareciera sencilla de comprender. Democracia y su clásica definición: demos-pueblo, cratos-poder; pero es más que un sistema político. Es un derecho humano, aunque no per se, pero si en su ejercicio por los ciudadanos de un estado . Y como todo derecho humano, debe ser garantizado en su ejercicio por los órganos del estado, ya sea a través del juicio de amparo o de nuestra legislación.
¿Qué pasa entonces cuando un particular o servidor público atenta contra la democracia? ¿Es de interponerse una queja? ¿Promoverse un juicio de amparo? No. Un atentado a la democracia de nuestro país y/o entidades federativas es considerado por nuestro orden jurídico como un Delito Electoral y debe ser denunciado ante la Fiscalía competente. El Código Penal Federal establece las penas previstas para las personas que incurran en un delito electoral desde su artículo 401 al 413. De ellos se advierte que, si bien las penas no resultan tan graves, eso no desestima el hecho de que, atentar en contra de la democracia de un país a través de la vulneración de una jornada electoral, o campañas políticas, constituye un delito. Entonces, ¿Por qué tenemos tantas noticias de gente comprando votos, recogiendo Credenciales para votar, realizando propaganda electoral en días de elecciones, interrumpiendo el normal ejercicio del voto, ejerciendo presión para votar por un candidato o alterando los resultados de las votaciones? ¿No son acaso todas las acciones anteriores, constitutivas de delitos electorales?
La causa, lamentablemente, la encontramos en donde siempre. La ineficacia de nuestras autoridades de seguridad pública y órganos de procuración de justicia. ¿Cómo castigar a una persona que ni siquiera es denunciada? y cuando es así, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) no realiza una adecuada investigación de los hechos o simplemente se maneja más desde un punto de vista político. Se ha cotidianizado al delito electoral, como pasa con otros hechos ilícitos en nuestro país. Y eso es responsabilidad de la sociedad en general. El no denunciar cuando el vecino te ofrece una despensa a cambio de tu voto por un partido político, dar nuestros datos de electores por una promesa sin saber el uso que les darán, o advertir cualquier anomalía en una jornada electoral, y no levantar la voz.
En las próximas elecciones tenemos la tarea como ciudadanos de velar porque se desarrolle nuestro ejercicio de la democracia de manera transparente y acorde a la normatividad aplicable, y de ser lo contrario, tenemos la obligación de dar parte a las autoridades competentes y coadyuvar para que se castigue a los infractores, señalarlos e ir transformando la democracia de nuestro país, independientemente de nuestra afinidad política, pues en un país democrático deben hacerse efectivos los medios de los que se auxilia el estado para garantizar el ejercicio de nuestros derechos y castigar la vulneración de los mismos, y si bien las personas o servidores públicos que atenten contra el ejercicio libre de la democracia, deben ser castigados penalmente, hace falta eficiencia por parte de nuestros órganos investigadores en la materia y debe dotarse además, de mayores elementos jurídico-políticos para poder llegar a una estimación que nos indique si el resultado de las elecciones ha sido viciado, y en su caso, con qué medios contamos los ciudadanos para poder impugnarlo y subsanar dicho resultado, con el fin de dotarlo de legalidad y legitimarlo ante la sociedad.
(1)Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21.