Autora: ALEJANDRA GRAJALES LÓPEZ
La historia de Colombia ha estado permeada por diversas problemáticas las cuales se han visto reflejadas en los altos índices de violencia, pobreza, corrupción, ausencia de oportunidades, desempleo, falta de gobernanza, entre otros, que poco a poco fueron agotando la paciencia de muchos colombianos. Hace 52 años, impulsados por el inconformismo y el deseo de cambiar las condiciones nacionales, un sector de la sociedad con diferentes ideales a los gubernamentales, crea uno de los más poderosos grupos al margen de la ley existentes en Latinoamérica conocido como las FARC–EP, siglas que significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que en un principio se estructuran en aras de contrarrestar los abusos de la burocracia y acabar las desigualdades sociales. No obstante, dicha teleología empieza a tergiversarse por variadas circunstancias, entre las principales, la fabricación y distribución de drogas ilícitas con el fin de buscar medios de financiación, así mismo el tráfico de armas y aún más grave, la comisión de delitos, incluso de lesa humanidad, como mecanismo de presión al Gobierno, situación que los ubica en una posición tan dominante y subversiva que se escapa por completo del control estatal.
Con el paso del tiempo, los máximos mandatarios de la República, en sus periodos presidenciales, adoptaron diversas alternativas para socavar el conflicto armado interno por el que atravesaba Colombia desde los intentos fallidos de diálogo hasta optar por la peor solución de todas: declarar la guerra, con lo que se pretendía debilitar la estructura organizacional de las FARC y erradicar parte del narcotráfico. Pero, como es de saber, la violencia solo conllevó a aumentar las dificultades en el país dejando gran cantidad de víctimas las cuales sufrieron ese peso con la pérdida de sus familias, dinero, tierras, oportunidades, trabajo y trascendentalmente de su tranquilidad.
Teniendo en cuenta el abrumador contexto colombiano, solo hasta hace 4 años, en la presidencia de Juan Manuel Santos, se toma conciencia de la importancia de abrir verdaderos y eficaces diálogos con las FARC-EP en la Habana Cuba, donde después de largas conversaciones y discrepancias se redacta el texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contiene seis puntos temáticos, a saber: política de desarrollo agrario integral que procura fomentar condiciones de bienestar para la población rural (la más afectada por el conflicto), participación política de las FARC, cese al fuego y hostilidades bilateral definitivo, solución al problema de drogas ilícitas, Sistema Integral de Verdad, justicia, reparación y no – repetición para las víctimas y la forma de implementación, verificación y refrendación. Este último punto daba la oportunidad al pueblo de aceptar o no la totalidad de los acuerdos, el mecanismo utilizado por el Presidente de la República fue el plebiscito en virtud que la Constitución lo autoriza para convocar directamente a la ciudadanía a decidir sobre un asunto que es importante para el Estado.
Ahora bien, muchos se preguntarán, qué país votaría por el NO a la construcción estable y duradera de la paz, pues Colombia, pero cabe aclarar que no se estaba sufragando si los colombianos querían la paz porque la respuesta a ese interrogante en definitiva es SI, lo que se estaba dejando en manos de la sociedad era decidir si estaban de acuerdo con las condiciones en que había sido firmado el documento. En las votaciones se evidenció una fuerte polarización, la diferencia en los porcentajes fue tan mínima que, hasta el día de hoy, es inconcebible, que la respuesta ganadora fuera el NO. Cabe resumir dichos resultados en la indiferencia y abstencionismo de mas del 60% de los colombianos para votar, en el desconocimiento de otros sobre el contenido de los acuerdos y los dos ítems primordiales por los cuales el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y muchos opositores no estaban a favor del Acuerdo que son las amnistías que iban a ser aplicadas a los integrantes de las FARC en la Jurisdicción Especial para la Paz y en todo el proceso de justicia transicional, para que en reemplazo de pagar una pena intramural fuera impuesta otra clase de sanción direccionada a la reparación de las víctimas y de la sociedad en general, salvo en los casos de delitos de lesa humanidad, y la participación de dichos grupos en el Congreso de la República sin la mayoría de los requisitos que tienen los demás partidos políticos.
Son muchos los interrogantes que quedan después de estos resultados, tanto así que es posible pensar el desacierto de haber puesto una consideración de tal índole en manos de unos pocos, sin embargo, si existían vacíos y falencias en el Acuerdo Final que gracias a dicha decisión, hoy día, están siendo discutidos nuevamente en la Habana. Lo único que queda es esperar que ambas partes renegocien los puntos en desacuerdo, los sectores opositores ya presentaron las respectivas propuestas y continuamente se convocan marchas nacionales donde se expresa el interés de la ciudadanía, sin importar género, raza, sexo, ideología, etnia o edad, de alcanzar la tan anhelada paz. El cese al fuego bilateral se levanta el 31 de diciembre de 2016, las expectativas y esperanzas de más de 30 millones de colombianos están en manos de esas negociaciones, el futuro del país, de nuestros hijos y nietos depende de esta lucha, por eso con la mano en el corazón y en nombre de Colombia expreso que SI QUEREMOS LA PAZ y con el apoyo de todos, a nivel nacional e internacional, lo conseguiremos.