Por: Rodrigo Galindo.
La constitución de 1824 a semejanza de la de los Estados Unidos no incluía un catálogo de derechos, que le fue delegada a los Estados. No obstante, se entendía que el derecho de ciudadanía era una de las garantías del Plan de Iguala, Religión, Unión y Libertad. Esta unión era entre todos los habitantes españoles mestizos o indígenas, la verdadera ciudadanía mexicana, que habría sido una extensión del artículo 5 de la Constitución Española de 1812.
Los tratados de Córdoba y el Acta del Imperio Mexicano daban nacimiento a una nueva nación. Años más adelante el imperio caería dando nacimiento a una nueva república a través de un pacto constitucional. En dicha constitución no se estableció un catálogo de Derechos fundamentales, pues, se les delegó a las constituciones estatales.
Las constituciones estatales establecieron el derecho de ciudadanía, unos estados ampliándolo y otros restringiéndolo. En 1829 surgió un problema, ¿era la ciudadanía un derecho estatal o federal?
Este dilema obligaba a revisar los tratados de Córdoba y el acta de independencia y las constituciones pues eran los que habían otorgado la condición de mexicanos a todos los habitantes del país, mientras la constitución federal había sido omisa. Bien, en esta presentación buscaremos responder como el Estado de México respondió al dilema de la ciudadanía a través de la Constitución estatal y la interpretación de leyes federales que buscaban regular la ciudadanía entre ciertos individuos criollos y españoles.
Poco a poco las constituciones de los estados fueron incluyendo en estas el concepto de ciudadanía, unos de manera más extensiva y otras más limitada. Sin embargo, este conflicto entre si la ciudadanía era un derecho estatal o un derecho federal explotó con la expulsión de españoles.
El ánimo de estas leyes se dio a partir de la conspiración de Joaquín Arenas, religioso de la orden de San Diego que encabezó una conspiración para anular la independencia y reinstaurar el dominio español. Esto, aunado a la invasión de Isidro Barradas en 1829, así como la lucha de los últimos españoles acantonados en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, reforzados desde Cuba.
Esta situación llevó a conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, donde en las cámaras se buscó en un inicio separarlos de sus empleos y posteriormente separarlos del país.