Pozos Juárez Violeta
Los ciudadanos tienen una concepción errónea del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que algunos piensan que el INAI concentra toda la información generada por los tres Poderes de la Unión. Al Instituto ingresan solicitudes en donde preguntan información que no es de su competencia, los solicitantes al recibir una negativa por incompetencia se decepcionan de este mecanismo para conocer la gestión pública.
Si bien el acceso a la información es un derecho humano reconocido en el artículo 6º de la Constitución Federal, para que toda persona tenga libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Lo cierto es que este derecho podría considerarse elitista, ya que solo es ejercido por un sector de la población, como lo son: los periodistas, académicos y estudiantes.
Lo anterior es así, ya que la mayoría de la población desconoce el marco jurídico de este derecho, desconfía en la transparencia institucional y en la gestión pública, tiene poca capacidad para saber cómo formular la pregunta o solicitud, y se resiste a agotar todas las vías para obtener la información (responder a requerimientos de información adicional por parte de las instituciones, realizar pagos y recoger el material en ocasiones, solicitar recursos de revisión y acudir al juicio de amparo).
Dichas situaciones no contribuyen a la cultura democrática, a la difusión de información de interés público, a dar visibilidad a las acciones del gobierno, a concientizar acerca de la transparencia y rendición de cuentas y a combatir la corrupción. Por tanto, el INAI debería difundir cual es su quehacer como el máximo órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información, para que la ciudadanía ejerza adecuadamente este derecho.