Por: Mario Antonio Domínguez.
La necesidad del Estado mexicano por establecer una fiscalía electoral se volvió evidente en 1994, un año trascendental en el sendero hacia la apertura democrática de nuestro país. Los sucesos políticos de aquel año mostraron el declive de un estado autoritario que había ostentado el poder por más de seis décadas.
Durante ese año se dieron eventos emblemáticos que señalarían el comienzo de una anhelada apertura democrática, como el histórico debate presidencial de mayo de 1994, observado por más de treinta y cinco millones de mexicanos. Por primera vez, el público presenció cómo el candidato del partido oficial era desafiado y, en numerosas ocasiones, acorralado por sus oponentes.
En este contexto, surgieron instituciones novedosas para erradicar las irregularidades electorales del pasado, como las de las elecciones presidenciales de 1988. Desde el Estado mexicano se recurrió a la llamada «última ratio» para garantizar (supuestamente) que quienes atentaran contra la función pública electoral fueran sancionados a través de las sanciones del derecho penal.
De esta manera, el entonces secretario de gobernación, Jorge Carpizo, quien también presidía el consejo general del Instituto Federal Electoral, solicitó al Procurador General de la República la creación de una Fiscalía Electoral adscrita a la Procuraduría General de la República. Además, propuso que esta institución contara con autonomía técnica y de gestión para actuar de manera independiente en el ejercicio de sus funciones.
Así, dos meses antes de las elecciones presidenciales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) irrumpió en el escenario institucional de México. Bajo la dirección del distinguido jurista Ricardo Franco Guzmán y con un simbólico aparato administrativo, la actuación de esta institución se veía prácticamente irrelevante. Legalmente la Fiscalía Electoral quedó integrada a la Procuraduría General de la República, con un nivel de subprocuraduría, y los delitos que perseguiría serían los contemplados en el Título Décimo Cuarto del Código Penal Federal «Delitos Electorales y en Materia del Registro Nacional de Ciudadanos».
A más de 25 años de su creación, vale la pena evaluar el funcionamiento de la Fiscalía Electoral, analizar la evolución de los delitos electorales y del organismo encargado de investigar su posible comisión. Las circunstancias han cambiado en el contexto político y es necesario preguntarse si la Fiscalía Electoral tiene las herramientas suficientes para hacer frente a los retos actuales que ponen en riesgo a la democracia mexicana.
Es una refexion en el contexto politico que va a provocar comentarios, polemicas, pero oportuna.