Autor: Lic.Gonzalo Sánchez Sánchez Docente en Derecho.
México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y está sumido en una profunda crisis relativa a la libertad de expresión, pues al restringirse, se está impidiendo a los mexicanos tener un debate abierto sobre los temas que más afectan a la población, y daña la salud de la democracia.
Al mismo tiempo, el problema de la nueva impartición de justicia es uno muy grave, que evidentemente está llevando a un Estado de impunidad, ya que en el caso en el caso particular de los periodistas, se encuentran en un estado de vulnerabilidad e inseguridad en su país, transgrediendo el derecho fundamental establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado. Es por ello que a nivel federal han sido creados órganos encargados de investigar los crímenes cometidos en contra de la libertad de expresión y en especial para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales aun no están dando resultados positivos, pues es la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la PGR, creada el cinco de julio del año 2012 publicada en el Diario Oficial de la Federación, la encargada de la protección, principalmente de los periodistas al ejercicio de su profesión y cuyas funciones son:
- Brindar atención a las víctimas del delito.
- Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos.
- • Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información
- • Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.
La violencia y cualquier tipo de comisión de delitos en contra de la libertad de expresión, no es un problema exclusivo de periodistas o de algún gremio en específico, pues aunque afecta principalmente a periodistas, es un problema que va mucho más allá de la prensa, dado que son comunidades enteras las que no están siendo afectadas al no recibir la información que necesitan para tomar decisiones, pues una sociedad menos informada es una sociedad no democrática, y representa un desafío para los encargados de formular políticas públicas y tutelar el correcto ejercicio del citado derecho fundamental y poder tener una debida comunicación con la población dentro de un auténtico estado de Derecho y en pleno desarrollo de la democracia e impartición de justicia.