Autor: DAVID MORALES MUÑOZ
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maestrando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Actualmente se encuentra como Jefe de Departamento de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Twitter: @davidmoralesmuo (A título personal).
La Jornada Electoral del uno de julio del año dos mil dieciocho, dejó una huella esperada en la República Mexicana, algo que ya estaba esperado por la sociedad en la que cinco meses después, vivimos el cambio del Ejecutivo Federal quizá más impactante, pero a la vez pacifica en la historia de México.
Andrés Manuel López Obrador llego a tomar las riendas de la presidencia de México, muchos a favor otros en contra, pero el sufragio libre y universal lo puso en el Palacio Nacional.
A dos meses de su gestión presidencial, parte de la ciudadanía está inconforme con su ideología de cómo disminuyo el presupuesto federal de egresos para el año dos mil diecinueve, que se encuentra de una manera lógica; hasta cierto punto sana y factible después de que se efectuó un cambio de partido político en la presidencia.
Se logró lo que ningún Ejecutivo Federal había plasmado en materia hacendaria; sin embargo, hay que hacer énfasis en la división de poderes y como estos ejercen sus funciones del Estado de Derecho que son muy distintas unas con otras.
Montesquieu en el espíritu de las leyes, nos recalca que la distribución jurídica depende de la distribución social para evitar el abuso del poder y salvaguardar la libertad de los ciudadanos, es por ello que cada poder debe efectuar su trabajo de manera independiente e imparcial para que se plasme una democracia y soberanía efectiva.
Es válido reducir hasta cierto punto, reducir los altos salarios que reciben algunos funcionarios en las distintas esferas del poder público, empero, no inmiscuirse en la organización y repartición de dádivas para ejercer el funcionamiento de cada una de las funciones que emanen los poderes públicos para llevar a cabo el trabajo que la Constitución ordena.