Los salarios de los poderes judiciales la discusión necesaria para un comienzo
Por Tona Gallardo
En México y en semanas recientes ha
sucedido una discusión sobre la reducción de los salarios de los jueces,
magistrados y en general todo personal que trabaje en los poderes judiciales
fijando como límite máximo el salario del presidente del ejecutivo federal. Dicha
discusión velozmente se polemizó en medios de comunicación, redes sociales, de
forma personal entre el ámbito de los practicantes del derecho y hasta entre el
público en general.
No tengo duda que la reducción de
salario entre el Poder Judicial de la Federación es necesario pero también es
una medida insuficiente y accidentada. Me explico. El actual presidente de la
Republica, el congreso del que tiene mayoría y su partido quieren iniciar su
agenda lo más pronto posible y necesitan extraer recursos públicos de donde
pueden, incluyendo de los salarios de algunos altos funcionarios. Para ello
reformaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sin
embargo la ley tiene varias omisiones que son consideradas inconstitucionales,
como los criterios para fijar los salarios de los servidores públicos, genera
inseguridad jurídica al momento de fijar salarios y puede trascender a derechos
humanos de dichos trabajadores. La mencionada ley es necesaria pero su técnica
legislativa es accidentada, ello ha causado numerosos amparos (muchos del mismo
PJF), y acciones de inconstitucionalidad de la CNDH, COFECE y BANXICO; lo más
seguro es que haya sentencias a favor de los quejosos y la ley tenga que ser
reformada para corregir sus errores.
La reducción de los salarios de los
jueces es necesaria para ajustarse a los máximos de la ley porque los
ministros, consejeros de la judicatura, magistrados, jueces, entre muchos otros
servidores públicos del PJF y hasta de los poderes judiciales locales en las
entidades porque sus actuales salarios son muy altos (en el PJF jueces
alrededor de 180 mil, magistrados 300 mil y ministros 578 mil). Son salarios que están por
encima del promedio de muchos países de la región y hasta los países de “primer
mundo” como señala los estudios de Magaloni[1], en los últimos ocho años
el presupuesto que se destina al aparato de justicia federal en México casi se
ha duplicado, hay exceso de la burocracia en la Corte (tiene siete veces más
personal que la corte de EU), prestaciones como los bonos de riesgo para todos
los jueces y magistrados (solo deberían otorgarse a quienes están en riesgo por
su trabajo como los juicios de orden penal), se destina muchos más recursos en
promedio al PJF que a los poderes judiciales locales cuando son estos quienes
en su mayoría atienden en primera instancia las controversias llevadas por la
población, además del grave problema de nepotismo[2] que tan convenientemente
han ignorado muchos jueces; son muchos de los problemas que deben corregirse y
sirve empezar con una reducción a los altos salarios.
Sim
embargo al establecerse fácticamente dos bandos, los que defienden la reducción
de salarios y los que exigen que no suceda dicha reducción, se han confrontado
mutuamente. Por si mismas las confrontaciones y la polarización no son malas,
pueden generar mejores dinámicas en las democracias e incluso es común que
sucedan. El problema es que en dicho enfrentamiento por la reducción de
salarios ambos bandos han realizados acciones muy cuestionables, por decirlo
menos.
Por
un lado, el Congreso con mayoría de Morena y sus aliados han cometido errores
serios al emitir de forma innecesaria algunas iniciativas a leyes, como lo hizo
el senador Monreal con su iniciativa para rotar de circunscripción a jueces y
magistrados para combatir la corrupción, todo ello sin evidencia que demuestre
su utilidad, o la iniciativa de PT para que los ministros sean electos por la
mayoría en elecciones (no es necesario ahondar de que es inútil). Todo ello se
ha considerado por muchos en el PJF y por algunas plumas en muchos medios como
una frenta al mismo PJF, a sus principios de independencia y autonomía
judicial, y hasta como intentos de someter la división de poderes, atentando
así contra nuestra democracia. No es menor el comportamiento incorrecto de
muchos actores políticos, han actuado mal para llevar a cabo un inicio a una
reforma judicial necesaria que lleve la justica a muchos mexicanos que se les
ha desprovisto de ella.
Por
el contrario, la Corte y el PJF han tenido una mala comunicación social,
incluso la Corte negó abiertamente en su cuenta de Twitter que los ministros no
reciben 600 mil pesos mensuales, mintiendo públicamente a todos. Además de la
pifia de las manifestaciones y pronunciamientos de la Asociación Nacional de
magistrados y jueces federales como lo señala Pedro Salazar[3]; junto con muchos
comentarios en algunas columnas o informales en redes sociales de trabajadores
del PJF y simpatizantes, los cuales son bastante sesgados y acompañados de
mentiras.
El
PJF se equivoca al asegurar que las garantías de la independencia judicial y
autonomía sólo son la inamovilidad y la no reducción de salarios, porque también
son garantías los principios de imparcialidad, la vocación de servicio público
y compromiso con la ley. Un juez debe de ser honorable independientemente de
los salarios (sin que ello signifique que el PJF no deba tener fortalecerse).
El PJF se equivoca al no considerarse un contrapeso sin contrapesos, al igual
que cualquier institución debe de acotarse su poder en el caso de abusos como lo
han sido su irresponsabilidad administrativa y financiera. Además de que aseguran que no es necesaria
ninguna reforma al PJF lo cual es erróneo.
En
esto último es muy necesaria una reforma a todos los poderes judiciales porque
después de la importante reforma del 1994 quedan bastante pendientes que
obstaculizan el acceso a la justicia de muchos mexicanos y que trascienden a la
materialización y protección a los derechos humanos, y al estado de derecho. El
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha realizado algunas
recomendaciones para fortalecer al PJF[4] como lo son el proceso de
designación de los ministros, composición del Conejo de la Judicatura, entre
otras. Algunas de las muchas debilidades institucionales de los poderes
judiciales son que no pueden solventar la carga de trabajo, hay leyes orgánicas
que tienen procedimientos innecesarios e ineficientes que sólo traen
afectaciones a los justiciables, largos procesos para tener una resolución,
entre otros como lo ha documentado el CIDE en su informe justicia cotidiana[5]. También la ONG Equis
Justicia[6] ha documentado que los
Poderes Judiciales locales incurren de manera sistemática en actos de
discriminación y violencia institucional por violaciones a derechos humanos de
las mujeres plasmados en sentencias discriminatorias y machistas; también han
revelado que el Poder Judicial ha invertido una enorme cantidad de recursos
económicos y humanos para capacitar a su personal en materia de derechos
humanos y género, pero no se evalúan y carecen de mecanismos de seguimiento; y
también han mostrado que los Poderes Judiciales se caracterizan por su escasa
transparencia en la publicación de sus sentencias, lo cual no puede mostrar
como resuelven. Además como lo ha mostrado también el economista Santiago Levy
del Banco Interamericano de Desarrollo la disfuncionalidad en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje y la falta de certeza en el cumplimiento de los
contratos afecta al comportamiento de las empresas y trasciende al poco
crecimiento[7]
económico.
Recientemente
con la elección del presidente de la Corte Arturo Zaldívar propone reformar al
PJF, un eje que agrega su plan de trabajo a esta discusión es el combate al
nepotismo. Además la Corte ha decidido reducirse el salario en un 25%.
El
enfrentamiento entre los poderes ha mostrado que el PJF no tiene el respaldo
social porque han cometido irregularidades que los han alejado de la sociedad
mexicana, pueden elegir proponer soluciones o solo verse a sí mismos.
A
manera de conclusión es necesario un dialogo entre poderes para dar soluciones
a las urgentes condiciones de vulnerabilidad en los derechos humanos de buena
parte de la población y la falta de estado de derecho en México.
[1] Magaloni
Kerpel, Ana Laura y Mayer Serra, Carlos Elizondo, 2011, “La justicia de cabeza; la irracionalidad del gasto público en
tribunales”, México, CIDE, http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/137/Poder_Judicial_Ana_Magaloni_Carlos_Elizondo.pdf?sequence=7&isAllowed=y
Magaloni Kerpel, Ana Laura y Mayer Serra, Carlos Elizondo, 2010, “¿Por qué nos
cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”, México, CIDE, http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/140/SCJN_AMAGALONI_CEMS.pdf?sequence=7&isAllowed=y
[2] Ríos Figueroa, Julio, “El déficit meritocrático
Nepotismo
y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, México, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 2018, https://drive.google.com/file/d/1ciF2yAOsMv2IzmoDYiMXv--5T9Quj6Jl/view
[3] Salazar
Ugarte, Pedro, “Urge reforma profunda a
Poder Judicial”, México, YouTube, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=6Yiup1d5qEo&t=901s
[4]
Fix Fierro, Héctor
(Coord.), 2018, “Ocho Propuestas para
fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar su transformación”,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4785/12.pdf
[5]
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015, “Informe en materia de Justicia Cotidiana”,
México, CIDE, https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf
[6] EQUIS JUSTICIA, 2018,
“Transparencia en la publicación de sentencias ¿retrocesos a partir de la ley
general de transparencia y acceso a la información pública?”, México, http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Informe_Transparencia_Sentencias-1.pdf
[7]
Levy, Santiago, “Esfuerzos mal recompensados la elusiva
búsqueda de la prosperidad en México”, Washington D.C., BID, 2018, https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/Esfuerzos-mal-recompensados-La-elusiva-b%C3%BAsqueda-de-la-prosperidad-en-M%C3%A9xico.pdf