Recientemente, nuestro país se vio sacudido por una de las
olas “democráticas” con más entusiasmo que se ha vivido en la historia reciente
de México. Las cifras del Instituto Nacional Electoral arrojan como datos, que
se trató del mayor ejercicio realizado, en cuanto a magnitud e impacto por el
organismo autónomo desde la fecha de su creación, dada la cantidad de curules,
escaños y demás puestos de elección popular sometidos a votación.[1] Además
de que también, se contó con una participación de poco más del 62% del listado
nominal, de quienes acudimos a expresar nuestra preferencia por alguno de los
candidatos.
Retomando las comillas que flanquean la palabra democracia
al inicio de la redacción, se hace la aclaración de que no atienden a negar la
naturaleza del ejercicio, sino a que tal vez nos encontremos ante la mejor
oportunidad de la historia moderna del país para tratar de mejorar o
perfeccionar el ejercicio democrático de la ciudadanía mexicana.
Aunque el presidente electo ha tomado en cuenta la vox populi con la emisión de consultas,
lo cierto es que se han dejado de lado mecanismos previstos en otros órdenes
jurídicos que podrían activarse de manera adecuadamente regulada para recabar
la participación de la población. Tal es el caso del referendo o el plebiscito,
ambas figuras doctrinal y pragmáticamente dirigidas a permitir que una sociedad
se involucre en la toma de decisiones de su gobierno, lo que a nuestro parecer
podría traducirse en un respaldo simbiótico de la legitimidad y de ejercicio
pleno democrático.
[1] Se trató de la elección de 1 presidente de la república, 64 senadurías por el principio de mayoría relativa, 32 senadurías por el principio de representación proporcional, 32 senadurías de primera mayoría y 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Lo anterior, sólo para el ámbito federal, disponible en: https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1